El ex juez supremo de la Corte Suprema, César Hinostroza, acusado por múltiples delitos y de pertenecer a la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ tendrá que rendir cuentas en el país.
La Audiencia Nacional de España tomó la decisión. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en una resolución conocida este jueves, rechazó el asilo tras un recurso interpuesto por el exjuez peruano en 2019, después de que fuera rechazada su petición en 2018.
Los magistrados descartaron “que se haya acreditado la existencia de persecución política frente al recurrente», o “que exista un móvil político oculto tras la iniciación de causas penales».
En su petición de asilo, Hinostroza se declaraba víctima de una «trama» encabezada por el expresidente de la República de Perú, Martín Vizcarra, «quien mediante su influencia y presión sobre la Policía, Fiscalía, Poder Judicial, una ONG, el Congreso, y los medios de comunicación afines al gobierno, tenía como objetivo imputar delitos inexistentes o conductas atípicas” contra él “por su presunta afinidad con el partido político Fuerza Popular (liderado por Keiko Fujimori), todo ello fundamentado en prueba obtenida ilícitamente«.
Sin embargo, la Sala observa que Martín Vizcarra ya no es presidente de Perú, y tampoco existen «datos objetivos» que permitan concluir que el expresidente esté al frente de la trama que se relata, «pues si éste controla a voluntad el poder ejecutivo, legislativo y judicial no parece congruente«.
SE LE ACUSA
A Hinostroza se le atribuye la presunta pertenencia a la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ -habría sido el líder de la banda- y también de haber obtenido presuntos beneficios a cambio de favorecer al empresario Edwin Oviedo en un recurso de casación y en las investigaciones por el caso ‘Los Wachiturros’.
Asimismo, se le acusa de presunto patrocinio de intereses para el nombramiento de Mario Fernández como juez supernumerario del Callao y haber influido presuntamente en la ratificación de un juez especializado en lo penal del Santa, Chimbote.
Por estos hechos, se pide su denuncia constitucional por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
