«Tengo tres posibilidades de futuro: ir preso, ser asesinado o la victoria«, declaró Jair Bolsonaro en agosto de 2021, poco más de un año antes de perder ante el líder de izquierda Lula da Silva en las presidenciales de Brasil del pasado domingo.
«Pero pueden estar seguros de que la posibilidad de que vaya preso no existe«, agregó entonces el mandatario de derecha frente a una platea de evangélicos.
Pese a sus declaraciones, analistas consultados por la agencia de noticias AFP consideran que el excapitán del Ejército, de 67 años, enfrenta posibilidades reales de encarcelamiento, aunque los procesos judiciales pueden llevar años.
Desde el inicio de su mandato, Bolsonaro ha sido blanco de varias investigaciones, entre otros motivos por difundir informaciones falsas, y fueron presentados ante el Congreso 150 pedidos de ‘impeachment’, en su mayoría motivados por su gestión de la pandemia de COVID-19, que dejó más de 687.000 muertos en Brasil.
Las amenazas contra su mandato han sido bloqueadas hasta ahora por dos personajes clave: el fiscal general Augusto Aras, que se ha negado a formular cualquier denuncia penal contra el jefe de Estado, y el presidente de la Cámara de Diputados, el conservador Arthur Lira, quien tiene la llave para iniciar cualquier proceso de destitución política.
Pero la suerte puede cambiar el 1 de enero, cuando Luiz Inácio Lula da Silva asuma la presidencia y Bolsonaro pierda sus fueros.
A partir de entonces, podrá ser juzgado por la justicia ordinaria, y no por la corte suprema.
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