Proclama que hay «fraude electoral», pero no presenta ninguna prueba contundente. Fustiga al JNE y advierte que no aceptará el resultado sobre la elección presidencial. Todo eso le pasaría ‘factura’ a Keiko Fujimori, quien ahora es investigada por fraude y perturbar contra el sufragio.
La candidata de Fuerza Popular tendrá que rendir su manifestación el 24 de julio ante la Quinta Fiscalía Penal de Lima, según se decretó tras las diligencias preliminares emitidas por la fiscal Ana María Santiago Jiménez. La decisión se adoptó tras la denuncia formulada por el abogado José Luis Saavedra Barrantes y el militante de Perú Libre, Pavel Gabriel Tapia Romero.
Los actos ilícitos atribuidos a Fujimori y a la personera Milagros Takayama (también será citada) son tres: delito contra el derecho de sufragio, en la modalidad de perturbación e impedimento del proceso judicial, delito contra la función jurisdiccional en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal, y delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica, en agravio del Estado peruano y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Los denunciantes basan su pedido en los recursos de apelación tramitados por Fuerza Popular, con el fin de anular los votos en las jurisdicciones de zonas rurales, donde Pedro Castillo obtuvo un alto respaldo en la segunda vuelta. Asimismo, la Fiscalía revisará los 27 comprobantes de pago presentados en simultáneo por Fuerza Popular para tramitar distintos expedientes. Y también atenderá la querella presentada por la ciudadana Shirley Apaza Quispe, a quien se le atribuyó una supuesta suplantación de miembros de mesa que sí habían concurrido a cumplir con su deber.
