Con la complicidad del fujimorismo, el Congreso empezó el blindaje a favor del excongresista Manuel Merino y el expremier Ántero Flóres-Aráoz, a fin de protegerlos de la denuncia constitucional en su contra por las muertes de los jóvenes Bryan Pintado e Inti Sotelo en las marchas del 14 de noviembre del 2020.
Los congresistas de Fuerza Popular, Martha Moyano y Ernesto Bustamante se opusieron al pedido de priorizar el debate de la denuncia contra Merino y Flóres-Aráoz en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y se decidió tratar los casos según el orden de llegada.
Fue por ello que la presidenta de dicho subgrupo de trabajo legislativo, Rosío Torres, decidió no atender el pedido de la vocera de Juntos por el Perú, la congresista Ruth Luque.
La legisladora Luque había considerado como un «deber político del Congreso de la República priorizar la denuncia constitucional contra Manuel Merino por los actos cometidos durante sus días de mandato».
«Esta denuncia constitucional contra Manuel Merino y otros altos funcionarios sí debe ser una prioridad a atender porque ha sido presentada por la entidad competente de investigar y esclarecer las responsabilidades; segundo, porque corresponde como Congreso habilitar al Ministerio Público a fin de que pueda investigar (…); mientras, no puede avanzar a otra etapa de investigación. La habilitación no significa que se está automáticamente condenando, se está habilitando una investigación», sostuvo hace unos días.
Empezó el blindaje en el Congrezoo. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió tratar los casos según orden de llegada. Pedido de @RuthLuqueIbarra de priorizar denuncia contra Merino y Flores-Aráoz fue descartada (con argumentos de los fujimoristas Moyano y Bustamante)
— Ronald Gamarra (@ronaldgamarra) November 21, 2021
